Como parte de la tradición de Occidente en la que estamos inmersos, hemos aprendido que las democracias contemporáneas proceden de los modelos grecolatinos, especialmente de Atenas y de la república romana. Recordando nuestros años escolares, desde las clases de historia y civismo en primaria estudiamos que los griegos, son los padres de esta forma de gobierno.

Sin embargo, podemos preguntarnos si nuestras nociones de vida democrática y participación ciudadana son las mismas que hace 2, 500 años.

En Grecia, entre los siglos VI y V A.C. empezó a desarrollarse la noción de democracia entendida como el gobierno del pueblo. En esta concepción, sin embargo, los derechos ciudadanos estaban restringidos únicamente a los hombres atenienses, excluyendo a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros.

Para ser ciudadano eran necesarias dos condiciones: la primera era tener más de 18 años, aunque como los jóvenes cumplían con un servicio militar obligatorio de dos años, en realidad empezaban a participar en la vida política de la ciudad a los 20. La segunda era ser hijo de padre y madre atenienses.

La democracia griega se caracterizó por estar conformada por una Asamblea que era el centro del poder ejecutivo, legislativo y judicial. En la toma de decisiones de la Asamblea participaban todos los ciudadanos a los que se convocaba alrededor de 40 veces al año. La Asamblea tomaba decisiones sobre leyes, economía, relaciones exteriores y el orden público. La asignación de puestos ejecutivos era por sorteo y no por elección, excepto los mandos militares, los participantes en el Consejo de los Quinientos y algunos funcionarios públicos.

El Consejo de los Quinientos estaba formado por cincuenta representantes de cada una de las 10 tribus originales que conformaba el Ática y todo hombre libre  podía formar parte. En cierta manera, este Consejo es un antecedente del sistema parlamentario moderno. Los ciudadanos elegidos debían dedicar un año entero al servicio del Estado, abandonando sus asuntos privados y recibiendo una remuneración más bien simbólica. La ley prohibía que un ateniense participara en el Consejo más de dos veces en su vida y como eran necesarios 500 miembros cada año y el número de ciudadanos era aproximadamente de 40.000, cualquier ateniense que lo deseara tenía muchas posibilidades de formar parte del Consejo.

Por otra parte, para la impartición de justicia existieron tribunales populares. Estos se rigieron por los conceptos de igualdad entre los ciudadanos y un modelo basado en el orden jurídico propio de la ciudad. Los tribunales legitimaron su actuación aduciendo que lo hacían conforme la voluntad popular y no por decreto divino, concepto muy novedoso en su momento, pues en las culturas que les fueron contemporáneas todo poder ejercido por reyes y sacerdotes emanaba de los dioses y los habitantes tenían que acatar la voluntad de las deidades.

Por supuesto que la construcción del modelo democrático griego no fue instantáneo, sino producto de sus circunstancias. En tanto Esparta tuvo un régimen militarista y los enemigos persas una monarquía, desde los relatos de la guerra de Troya, que históricamente se ubica alrededor del siglo XIII A.C., se empezó a dar importancia al comportamiento heroico y al buen nombre de un individuo, es decir, un reconocimiento a los méritos personales.

Sin embargo, tomaría casi setecientos años de gobiernos aristocráticos, monárquicos o tiránicos para que durante los años de las guerras contra los persas Solón reformara a la sociedad ateniense. Toda la población participó en el esfuerzo bélico y después de la victoria definitiva se consolidó la noción de democracia, es decir, un gobierno conformado por los ciudadanos atenienses, ricos o pobres, aristócratas o campesinos.

La oración fúnebre de Pericles define lo que fue la democracia en Atenas:

“ Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos y más que imitadores de los demás somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos, no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza cada ciudadano en su actividad; y tampoco nadie en razón de su pobreza, encuentra obstáculos, debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad».