Ana Portnoy

La Constitución que nos rige cumplió 97 años. Fue considerada como la legislación social más avanzada de su época, una declaración de principios a los que aspiraba la nueva sociedad mexicana para tener una patria más justa, más democrática y más participativa.

Desde 1814 se han promulgado 7 constituciones. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana se dio en Apatzingán en plena guerra de Independencia pretendiendo establecer las bases para un naciente país. La ley sería la expresión de la voluntad general para alcanzar la felicidad común, proclamando los derechos ciudadanos, un sistema político representativo y la libertad de expresión así como la exclusividad de la religión católica. Para evitar la tiranía, el poder ejecutivo sería ejercido por un triunvirato que no podría encabezar el mando militar, lo que minó el liderazgo de Morelos. Esta constitución no se implementó aunque su ideario libertario fue la referencia para las que le seguirían.

Tras la Independencia, México enfrentó una gran inestabilidad en la búsqueda de la definición de su sistema de gobierno, por lo que las constituciones y leyes orgánicas proclamadas entre 1824 y 1857 tuvieron una vigencia muy corta y no lograron impedir la lucha entre facciones que desgarró al país en asonadas, guerras intestinas, intentos de secesión –sólo Tejas logró su independencia- así como la pérdida del 55% del territorio en 1848.

La Constitución de 1857 reflejó los ideales liberales al abolir fueros y privilegios y desamortizar los bienes eclesiásticos-. Fue el bastión legal ante la intervención francesa, avalando los principios republicanos y el gobierno legítimo de Juárez. Sin embargo, fue reformada para permitir las sucesivas reelecciones del Gral. Díaz.

Nuestra actual Constitución mantuvo los principios fundamentales de la anterior con las innovaciones de los artículos 3, 27, 123 y 130. Sin embargo, con una redacción que permitió diversas interpretaciones, no impidió el fuerte presidencialismo, la hegemonía de un partido oficial durante 70 años ni la sujeción de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo hasta hace pocas décadas.

A lo largo de estos casi cien años, ha sufrido alrededor de 560 reformas, justificadas como las modificaciones que las leyes requieren conforme se transforma la vida nacional, además de las adecuaciones que los tratados internacionales que México ha suscrito imponen en la legislación. Sin embargo,  estos cambios sustanciales plantean si no ha llegado el momento para convocar un nuevo congreso constituyente que promulgue una nueva Acta Magna acorde a la realidad del siglo XXI.