Ana Portnoy

La inmigración extranjera a México desde mediados del siglo XIX hasta la fecha ha estado sujeta a la política de población de los gobiernos que rigen la vida nacional. Cabe recordar que durante el período colonial la metrópoli a través de la Casa de Contratación de Sevilla reguló el flujo de inmigrantes, todos ellos peninsulares.

Después de la independencia, a pesar de diversas iniciativas por atraer inmigrantes europeos para que colonizasen tierras y trajeran consigo recursos o tecnología para el desarrollo económico, la inestabilidad política, las asonadas y la inseguridad impidieron que esos planes se concretaran, llegando a México más bien aventureros que buscaban una fortuna rápida y sin intenciones de establecerse definitivamente.

Durante el Segundo Imperio, 1861-1867, además del ejército francés que contó con soldados de la patria de Carlota, muchos individuos procedentes de Austria, Francia y Bélgica acompañaron al emperador Maximiliano y se asentaron en el país, dedicándose al comercio, a la representación de la banca y como agentes de empresas europeas. Después de la muerte de Maximiliano y el restablecimiento de la República en 1867, y aunque el gobierno de Juárez garantizó la libertad religiosa y respeto a las garantías individuales, la mayoría de los europeos abandonaron el país. En el estado de Nuevo León se atribuye a esta presencia extranjera la fisonomía de los habitantes de algunos municipios, como sería el de Santiago, rubios de ojos “borrados” –claros-.

Durante el Porfiriato (1877-1911) se mantuvo una política de puertas abiertas a la inmigración procedente de Europa, bajo los conceptos de fomento a la inversión extranjera, poblamiento de baldíos y mejoramiento de la raza del maíz a través de un nuevo mestizaje, que tenía como paradigmas los principios del Positivismo y su concepción orgánica de la sociedad así como los postulados del darwinismo social. Así, se inició una nueva inmigración extranjera a nuestro país. El periódico editado por el liberal Francisco Rivas Puigcerver, la Luz del Sábado,  invitó a la inmigración de sefaraditas del imperio otomano a México pues era un “país que florecía a la sombra del árbol de la libertad”. La política de inmigración incluyó exenciones de impuestos, transportes y agua gratuitos con tal de atraer extranjeros dispuestos a contribuir al progreso de la patria y a procrear una nueva generación de mexicanos.

Al país arribaron alemanes, franceses, españoles, sirios, chinos, estadounidenses, ingleses que se afincaron en las principales ciudades así como en pequeñas poblaciones de provincia, acogiéndose a la política de fomento industrial y colonización de tierras. Muchos de ellos abandonaron México con la Revolución.

 A inicio de los años 1920 se permitió nuevamente la inmigración irrestricta, sobre todo ante la necesidad de inversión de capital para iniciar la recuperación económica del país (recordemos la destrucción que trajo consigo la guerra civil, así como la pérdida de 1/9 parte de la población) y con esperanzas de una nueva colonización agraria con los implementos tecnológicos motores del progreso.

Pero, ante la implantación por parte del congreso norteamericano en 1921 de una política de inmigración limitada a cuotas nacionales,  cinco años después México empezó a imponer restricciones a la política de puertas abiertas que había mantenido desde el Porfiriato previniendo la llegada de varios miles de extranjeros cuyo objetivo original era inmigrar a Estados Unidos.

El 8 de julio de 1927 se dictó una ley para restringir la llegada de negros, indobritánicos, sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes, turcos y chinos –entre quienes estaban incluidos individuos de religión judía-, basado en criterios sobre su capacidad de asimilación y mestizaje así como para proteger el empleo de los mexicanos de una competencia considerada desleal en manos de extranjeros. Además, se quería evitar que los inmigrantes solicitaran su naturalización para tener derecho a emigrar a Estados Unidos pues la legislación estadounidense había establecido que cinco años después de obtener la residencia en cualquier país del Hemisferio Occidental el inmigrante podría volver a solicitar  nuevamente una visa.

En 1930 una nueva ley de inmigración estableció que consideraciones de beneficio público deberían regular la política de población y que los nuevos inmigrantes debían hacer constatar que poseían capacidades de asimilación así como avalar sus posibilidades económicas depositando una fianza. Al año siguiente, en la Segunda Convención Nacional de Migración, se votó por la prohibición absoluta de inmigración debido a la crisis económica que enfrentaba el país derivada de la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street y que había provocado la repatriación de miles de braceros. De esta convención se estableció el Reglamento de Migración que en primera instancia limitó el derecho de entrada y salida del territorio nacional y en particular sujetó la entrada de extranjeros a México a su facilidad de asimilación.

En 1934 se prorrogó por tiempo indefinido la prohibición de inmigración a quienes carecieran menos de 10,000 pesos para avalar su capacidad económica, exceptuando a los técnicos aprobados por la Secretaría de Economía y los inversionistas de empresas agrícolas o industriales con un capital mínimo de $20,000, prohibiéndose que radicando en el país se dedicaran a actividades comerciales.

La inmigración al país se cerró, de manera definitiva en 1936 con la nueva Ley de Población del gobierno de Lázaro Cárdenas, sustentando criterios raciales y culturales decidiéndose que el aumento de población se obtendría por crecimiento natural.

Sin embargo desde los años 1930 hasta la historia reciente se han hecho algunas excepciones a la política de puertas cerradas, como en el caso de la Guerra Civil Española, asilos políticos como León Trosky, a varios cientos de  sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que ya tenían familiares en el país, exiliados cubanos en los años 1960 y asilados chilenos y argentinos en las décadas de 1970 y 1980.